Greenpeace denuncia que "las decisiones del CSN se están llevando a cabo bajo influencia del Partido Popular, del que proceden tres de sus miembros, incluido el presidente del organismo regulador".
La organización ecologista agrega que "el nombramiento del presidente en 2012 se llevó a cabo sólo 24 horas después de su destitución como secretario de Estado de Energía, decisión muy cuestionable teniendo en cuenta que la Ley de Creación del CSN establece que éste es independiente de la Administración General del Estado. Entre las tareas de Fernando Marti como Secretario de Estado de Energía estuvo la revocación de la orden ministerial de cese de explotación de Santa María de Garoña, asunto que ha estado tramitando posteriormente como presidente del CSN", indica el comunicado.
Además, agrega, "el tercer consejero procedente del PP, Javier Dies, ocupó su cargo un mes antes de las elecciones del 20-D, nombrado por el Ministerio de Industria, sin el consenso del resto de partidos, en una maniobra que les ha permitido dejar el control del CSN en manos del PP antes de las elecciones". Junto a esta acción, Greenpece ha lanzado hoy una petición de firmas para que no se renueven las licencias a las centrales nucleares.
"El Consejo de Seguridad Nuclear no debe dar ni un paso más en el proceso de reapertura de Garoña. Decisiones tan relevantes como permitir a Garoña operar hasta los 60 años deben ser tomadas de forma transparente e independiente. Es inaceptable que el presidente del CSN continúe con el proceso, después incluso de que el Parlamento le haya pedido la paralización. El presidente ha preferido seguir acatando las órdenes del Gobierno en funciones de Partido Popular", declaró Marta González, portavoz de la campaña de nuclear de Greenpeace.
"La actual es una situación sin precedentes en España, ya que es la primera vez que se plantea llevar la vida de una central nuclear hasta los 60 años", continúa Greenpeace, que considera que "tras la decisión del CSN de continuar con el proceso de reapertura hay intereses económicos y políticos que no deberían anteponerse a la seguridad de las personas".